Las regiones de Cajamarca y Arequipa representan dos casos opuestos en la aplicación de estrategias para reducir la desigualdad económica, según el último estudio “Las posibilidades del desarrollo inclusivo: dos historias regionales”, publicado por el Fondo Editorial del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).
La investigación realizada por Roxana Barrantes, Ricardo Cuenca y Jorge Morel concluye que, durante los diez primeros años del proceso de descentralización (del 2001 al 2010), en la región de Arequipa se desarrollaron tres estrategias para reducir con mayor rapidez la desigualdad económica, a diferencia de lo ocurrido en Cajamarca, donde esta aumentó.
Dichas estrategias pasaron no solo por lograr un mayor crecimiento económico, sino también por generar capital humano y fortalecer la institucionalidad política. De este modo, a partir del análisis de indicadores como el crecimiento del PBI, la reducción de la pobreza y el índice de desarrollo humano, los investigadores constaron que ambas regiones con potencialidades de desarrollo similar, experimentaron diferentes resultados en la reducción de la desigualdad.
Los avances de Arequipa
En esta región la desigualdad se redujo debido a que sus autoridades apoyaron los procesos de inversión privada vinculados al sector minero y a la agricultura de exportación. Ello fue posible gracias a que se formaron coaliciones políticas internas que, de una manera más autoritaria qué democrática, gestionaron el aparato público de forma efectiva. Todo esto además fue impulsado por procesos de formación de capital humano apoyados en una importante oferta educativa.
Cajamarca, el caso opuesto
En esta región la desigualdad aumentó debido a que las coaliciones productivas y políticas no superaron la fragmentación territorial, lo cual se evidenció en las tres elecciones de gobierno regional que hubo durante el periodo de estudio, en las que ganó un representante distinto, cada uno de una subregión. A pesar del crecimiento económico generado por sectores intensivos en mano de obra como el minero, los empleos de alta productividad fueron escasos y no se ofrecieron a la población local, que egresaba de la educación superior en número reducido y con profesiones que no respondían a la demanda laboral. Por su parte, el gobierno regional no mostró una clara política redistributiva de los recursos públicos y algunas inversiones importantes fueron bloqueadas, síntoma de la alta precariedad política e institucional.
Tomado de: http://www.iep.org.pe/fp_cont_3114_ESP.html
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